Gianfranco Barchiesi
Abogado Investigador de la Agencia Alemana de Intercambio Académico (DAAD). Especialista en Compliance y Prevención de Lavado.

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Desde Todocompliance.com entrevistamos a Gianfranco Barchiesi, abogado mendocino especialista en Compliance y Prevención de Lavado, quien actualmente se desempeña como investigador doctoral en la Justus-Liebig-Universität Gießen (Alemania) y becario del DAAD.

Gianfranco se reunió virtualmente con Maria Josefina Orozco, directora de Todo Compliance: nos contó de su presente, los planes para el futuro y compartió algunas ideas sobre el Compliance Corporativo.

¿cómo fue que decidió realizar un doctorado relacionado con compliance en Alemania?

Desde muy chico tengo la intención de hacer estudios de posgrado en el exterior. Es algo que sin darme cuenta tengo incorporado desde que tengo memoria. La oportunidad de estudiar en París le cambió la vida a mi abuelo y como familia hicimos un esfuerzo para que mi padre completara una maestría en Barcelona. Sospecho que es un sueño heredado.

Alemania fue el país elegido como destino tanto por la calidad de su sistema universitario como por su generoso programa de becas, y mi postulación era competitiva por hablar el idioma. El hecho de que más de un pariente hablara alemán y tener raíces aquí también, forjó una cercanía con el país y me quitó el miedo al idioma y la cultura. En este proceso el Instituto Goethe jugó un rol central y les estoy profundamente agradecido. Quien quiera acercarse a Alemania puede dar allí el primer paso.

¿QuÉ recomendaría a aquella persona que quiera estudiar en el exterior? ¿Nos comparte algunos tips?

Lo más importante es tratar de encauzarse en una “vía” que le facilite el proceso. Yo no tuve esa posibilidad y eso me dificultó mucho la postulación. Espero al menos que mi experiencia le sea útil a otros en Latinoamérica. Es mejor llegar siguiendo los pasos de alguien más que ya haya pasado por el proceso, antes que intentar abrirse camino por sí solo entre las reglamentaciones locales.

Hay que entender que el sistema universitario alemán es radicalmente diferente al nuestro y estas divergencias dificultan el intercambio, en particular en el área de Derecho. En sectores con escasez de profesionales y cuya investigación recibe mayor financiamiento, como pueden ser las ciencias naturales, los propios equipos de investigación encuentran maneras para allanarle el camino al estudiante extranjero y concretar su estadía porque dependen de ellos. Por el contrario, en áreas donde no se percibe una escasez de profesionales y es más difícil integrarse, como pueden ser las ciencias jurídicas, suele ser el propio estudiante quien debe encontrar vías para superar estos obstáculos. A pesar de que hay organizaciones que fomentan el intercambio, estas dificultades administrativas o culturales entorpecen mucho la experiencia. Es por este motivo que el principal “tip” es tratar de encontrar una senda ya marcada, y esto es más difícil en áreas sin tradición de intercambio.

Dicho esto y considerando que necesitaríamos un verdadero manual para explicar el proceso de postulación, creo que podemos resumir el camino de la siguiente manera. La prioridad es encontrar alguien con la misma especialidad y con un genuino interés por el aporte que uno puede hacer en la materia. No tener miedo ni vergüenza de ponerse en contacto, pero ser muy concreto, completo y contundente en la comunicación, siempre teniendo en cuenta que a nadie le sobra el tiempo. Si se llega a un acuerdo para poner en marcha un proyecto luego todo es más fácil: una vez que te conocen y advierten una capacidad para trabajar es fácil recibir apoyo. Aquí la financiación sobra; lo que faltan son vínculos, proyectos y gente que los lleve adelante.

Dice que financiamiento sobra, pero ¿cómo se sustenta un estudiante latinoamericano con dedicación exclusiva al estudio?

Esto varía de país en país. En Alemania se prioriza la financiación en investigación científica, la cual se canaliza a través de diferentes organismos privados, aunque en última instancia con un estrecho vínculo con el sector público. En mi caso concreto mis estudios son financiados por la Agencia Alemana de Intercambio Académico (DAAD), que es la más grande del mundo. La beca le permite a uno vivir tranquilamente, aunque sin holgura, pero es un verdadero privilegio que un país extranjero lo escoja a uno y le costee los estudios. Haber sido seleccionado y que mi proyecto haya recibido su financiamiento es para mí un verdadero honor y estoy profundamente agradecido al DAAD, la JLU-Gießen y a mi director Prof. Dr. Thomas Rotsch.

En verdad cada país debe ofrecer becas de estudios en el exterior a sus propios estudiantes. Estamos tan lejos de esto que nos resulta irrisorio, pero este es un espacio donde la Argentina debe dejar el nacionalismo de lado y evaluar las ventajas que acarrea la especialización en el exterior de sus mejores estudiantes. Las becas se otorgan generalmente contra el compromiso de volver al país de origen una vez terminado el programa. En Berlín, por ejemplo, conocí abogados jóvenes oriundos de Turquía a quienes su gobierno les cubría sus gastos por 5 años para aprender alemán, realizar un máster y un doctorado. A cambio debían comprometerse a volver por igual tiempo a Turquía, donde se les asegura un puesto Universitario. Formatos como este son comunes en otros países y es imperioso que la Argentina desarrolle programas equivalentes.

¿Cómo transcurre el día a día de un doctorando?

Una de las cosas más lindas de esta experiencia es poder diagramar la propia rutina. Normalmente no hay horarios fijos. Lo que sí hay son objetivos y plazos. Esta flexibilidad puede ser un arma de doble filo. Organizar los propios tiempos de manera eficiente y eficaz día a día es un desafío, quizás el principal, donde un error en el time management puede dejar los proyectos a la deriva. Las vacaciones y fines de semana son los que uno se conceda, o más bien los que el proyecto permita. En los hechos esto significa trabajar más horas y muchos fines de semana con pocas vacaciones, pero si me organizo puedo hacer un asado el miércoles al mediodía.

En lo que hace a mis estudios, la mayoría del tiempo lo paso leyendo y ordenando lo que leo para hallarlo a la hora de escribir. Otro desafío consiste en desarrollar los instrumentos necesarios para navegar el océano de material bibliográfico que ofrecen las bibliotecas. Encontrar autores que aborden las preguntas concretas que debemos responder es una ardua tarea y no se puede leer todo lo que pasa enfrente de uno. Este es otro aspecto donde hay mucho espacio para crecer en Argentina, ya que es muy escaso el material disponible en las universidades del interior del país.

¿Cuáles son sus planes para el futuro?

A futuro espero poder desarrollarme como consultor especializado, ya sea en el sector privado o público. Se entiende muchas veces que un doctorado es el primer paso en una carrera académica. Personalmente creo en una estrecha vinculación entre el mundo académico y la praxis profesional. Es por este motivo que he planteado mi investigación doctoral con una perspectiva práctica, con la intención de crear vasos comunicantes entre distintas ciencias y de adquirir conocimientos que luego tengan aplicación inmediata en el campo.

Podría desarrollar en líneas generales el motivo de su trabajo de investigación y lo que espera aportar al desarrollo de compliance.

Ni bien comencé a especializarme en Compliance y Prevención de Lavado de Activos advertí que uno de los desafíos para los profesionales locales era tratar de aplicar compliance, un sistema de prevención concebido en el contexto legal y socioeconómico norteamericano, en la Argentina. Esto era por momentos doblemente difícil para quienes pertenecían a empresas multinacionales y recibían un programa de integridad desarrollado por la casa matriz, en un contexto muy distinto al argentino. En estos casos se entiende que es necesaria una “adaptación” del programa a la realidad local. Mathias Kleinhempel, uno de los principales impulsores de la materia en el país desde el Centro de Gobernabilidad y Transparencia (IAE Business School – Universidad Austral), hace especial hincapié en este punto y fue la inspiración de mi proyecto.

Mi investigación trata sobre la necesaria adaptación de los programas de integridad de multinacionales a la realidad de sus subsidiarias en el extranjero. Esto implica –lógicamente– un análisis de los riesgos presentes en la subsidiaria y la adecuación del programa en consecuencia. En principio la tarea acabaría aquí, mas visto en mayor profundidad, es fácil reconocer muchos otros factores que demanden cambios en dicho programa. Qué rol ocupan aquí la cultura local y la idiosincrasia de la población, la situación socioeconómica, las prácticas locales en la materia de compliance, entre otras cuestiones. es la pregunta que intento responder con esta estadía de investigación. Una respuesta única no es posible, pero sí quizás el desarrollo de algunos principios rectores que comiencen a echar luz respecto este proceso sobre el cual poco se ha escrito.

¿Cómo ve el desarrollo de compliance en Argentina y en la región? ¿Cómo se lo puede contrastar con la situación en Alemania y el mundo?

Aunque la Argentina estaba ligeramente rezagada con respecto a la región en consagrar la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y a los Programas de Integridad dentro de su legislación, el área ha experimentado un desarrollo muy significativo en los últimos años. En parte impulsado por multinacionales que ya contaban previamente con programas de integridad, en parte por un sector profesional curioso, moderno y en permanente evolución, hemos podido observar una fuerte difusión de la temática en los últimos 5 años. En este tiempo han proliferado charlas, cursos, libros, reglamentaciones, consultorías y demás iniciativas que impulsan el tema con cada vez más fuerza.

No obstante, este impulso queda rengo en gran medida por la escasa aplicación que ha recibido la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. En este sentido, no debemos perder de vista que el principal incentivo para el desarrollo de un programa de integridad es la evitación de sanciones. En la medida que los órganos del estado no avancen sobre las empresas estas no percibirán un riesgo capaz de colocar a los programas de integridad entre sus prioridades.

Estas falencia de la Argentina debe de todos modos ser puesta en perspectiva. En otras latitudes, en países donde el compliance lleva más camino andado, con más recursos, una institucionalidad supuestamente más robusta, y de los cuales se esperaría una mayor enforcement, no se registran muchas investigaciones y sanciones a empresas. Por ejemplo aquí en Alemania, aunque el tema está instalado, falta en mi opinión una aplicación más sistemática de las normas de sanción empresaria. El mismo panorama se replica con diferentes matices en otros países de la región, donde la investigación y sanción de las empresas locales se sigue impulsando principalmente desde Estados Unidos. Es posible que empresas francesas, españolas, italianas o alemanas tengan más riesgo de ser sancionadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que por sus propios órganos de contralor, los cuales no están ausentes pero deberían tener un mayor poder de fuego. Intuyo que es principalmente este riesgo proveniente del exterior el que impulsa el desarrollo de programas de integridad en estos países. El segundo impulsor es una economía próspera, globalizada y de largo plazo la cual no puede permitirse el riesgo de operar en las sombras.

Surge entonces la pregunta de por qué en la Argentina no se advierte el mismo fenómeno. Pues bien, en verdad la Argentina no ha sido ajena a esta dinámica y en gran medida el impulso que ha tenido la materia sigue esta misma lógica de buscar una protección ante potenciales sanciones del exterior. El motivo por el cual no crece aún más, en especial en el interior del país, es la poca globalización y el escaso crecimiento que ha experimentado la economía Argentina en los últimos años. Esto implica por lo tanto, que para un crecimiento del sector es tan importante una aplicación sistemática de la ley como un mayor crecimiento económico.

¿Se presenta entonces norteamerica como el “Gold StAndard” en lo que hace a la aplicación del compliance?

Creo que hay consenso respecto del rol central que ejerce el Departamento de Justicia junto a la SEC y otros organismos reguladores norteamericanos en la investigación y sanción de inconductas corporativas, no solo en los Estados Unidos sino también en todo el mundo. Este rol de policía corporativa que para bien o para mal ejerce en los hechos Estados Unidos, es un lugar que el resto del mundo occidental le ha concedidoy sobre el cual nos reclinamos. Es luego el deber de cada nación soberana acompañar, competir e incluso disputar este espacio, pero no se observa una voluntad por cuestionar esta hegemonía. En ocasiones, el Departamento de Justicia norteamericano intenta colaborar con las autoridades locales en la investigación de inconductas en el extranjero, pero la iniciativa aparentemente sigue en manos de ese país.

Esto no implica que sea un sistema carente de desafíos. Allí también hay organismos que acusan no contar con los recursos para desempeñar su función. Otro ejemplo son las voces pidiendo nuevas regulaciones en áreas tales como reportes de sustentabilidad y crypto; y otras como antimonopolio donde la normativa presenta múltiples incógnitas. Una característica muy llamativa es que en casi la totalidad de los casos la sanción es acordada con la fiscalía y no impuesta por un juez en una sentencia judicial. Muchos cuestionan la constitucionalidad de las investigaciones internas perfeccionadas por la empresa y puestas a disposición de los fiscales para la autodenuncia. Este modus operandi descongestiona el sistema, pero es contrario a nuestra tradición jurídica y judicial, y sería muy difícil su imitación pacífica con las mismas características.

Gracias Gianfranco por esta entrevista y por brindarnos tu tiempo.

Gracias a vos Josefina por tu interés e invito a los lectores a seguirme en LinkedIn, donde intento publicar regularmente las últimas novedades en compliance."

La entrada Entrevista a Gianfranco Barchiesi. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

Introducción

A partir de la década del 80 se empezó a observar un fenómeno que se extiende hasta nuestros días y que es transversal a todos los cambios que se fueron produciendo en las actividades tanto públicas como privadas. Ese fenómeno, al que llamamos globalización, que se dio tanto en el ámbito económico como financiero, implicó la apertura de las fronteras, la concentración en las grandes ciudades tanto de la población como de las casas centrales de las empresas y de los organismos públicos.

Unido a ello, el avance de la tecnología implicó que las relaciones y comunicaciones entre los Estados y el sector privado sean más rápidas y menos costosas. Como toda innovación en el ámbito privado que implica un alza en la generación de valor de las empresas, este avance de la tecnología fue también aprovechado por las organizaciones criminales que utilizaron las nuevas herramientas para expandirse, produciéndose una mutación en sus estructuras que permite que hoy en día se relacionen horizontalmente, en forma de red; es decir, no dependen de una estructura jerárquica.

La corrupción es funcional a la proliferación de las organizaciones criminales. Entre otras acciones y para expandir su alcance, procuran participar en las contrataciones públicas y desde ahí ser un jugador más en la lucha del poder por el poder y los recursos del Estado como así también requieren obtener habilitaciones, permisos y registros para el giro de sus negocios que sólo pueden otorgar organismos estatales. Por lo tanto, la capacitación de los funcionarios públicos y el establecimiento de reglas de conducta para que éstos puedan prevenir y detectar este tipo de situaciones es sumamente importante.

En el siguiente apartado veremos cómo la comunidad internacional ha visto este problema y cómo ha ido avanzando en su normativa entendiendo a los códigos de conducta como una herramienta eficaz.

Convenciones de Naciones Unidas

La década de 1980 también es el momento histórico en el que la comunidad internacional comenzó a plantearse con mayor énfasis la necesidad de llevar adelante medidas a los efectos de revertir el avance de las organizaciones criminales. En primer lugar, el foco se puso en el narcotráfico; luego, en otras modalidades de expansión de las organizaciones como la trata de personas y el tráfico de armas; por último, se cerró el ciclo con las redes de corrupción que son funcionales a sus modelos de negocios.

Así, en 1988 se dictó la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes, (1) la cual en su preámbulo hace mención a que los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades ilícitas organizadas relacionadas, socava las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados y que generan considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad en todos sus niveles. Ya en ese primer instrumento se advierte que se tenía en cuenta que la corrupción era utilizada por las organizaciones criminales para expandirse.

Posteriormente, se aprobó la Convención contra la Delincuencia organizada (2) que es una evolución natural de la Convención de Viena, y que también hace referencia a la necesidad de implementar medidas contra la corrupción al decir que

“Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer a la delincuencia, la corrupción y la trata de personas.”

Asimismo, este instrumento da un paso más en lo que respecta al tema que estamos analizando, ya que en el artículo 31 insta a los Estados Parte, en lo atinente a la prevención, a reducir las posibilidades de integración de los grupos delictivos con los mercados lícitos con el producido de los delitos. La Convención señala que los Estados deben llevar adelante medidas legislativas, administrativas o de otra índole referidas al fortalecimiento de la cooperación tanto con y entre organismos públicos como con y entre entidades privadas, y promover la implementación de normas y procedimientos destinados a proteger la integridad de las entidades tanto públicas como privadas. Además, hace mención específicamente a la elaboración de códigos de conducta reduciendo sus destinatarios, ya que menciona en particular a los abogados, escribanos y contadores.

Resulta interesante señalar que también se establece que los Estados deben prevenir que los grupos delictivos utilicen en forma indebida las compras y contrataciones del Estado, los subsidios y concesiones, como así también deben evitar que utilicen las figuras societarias tipificadas en sus jurisdicciones para llevar adelante sus actividades.

Por último, mencionaré a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (3) que en su preámbulo es muy categórica al describir a la corrupción como una plaga insidiosa que afecta a la democracia y el estado de derecho, que da lugar a que se produzcan violaciones de los derechos humanos, la distorsión de los mercados, y el avance de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

Específicamente, el artículo 8 de este instrumento jurídico refiere a la implementación por parte de los Estados de códigos de conducta para funcionarios públicos con la finalidad de combatir la corrupción y que promuevan la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos, para lo cual pueden tener en cuenta las iniciativas en la materia a nivel regional e internacional.

Por otro lado, insta a los Estados a que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción ante las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones, que presenten declaraciones patrimoniales y establezcan sanciones disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que vulnere los códigos o normas a los que se encuentra obligado.

Estado de la situación en nuestro país

La Argentina participó activamente en la elaboración de la Convención Interamericana contra la Corrupción que establece, en la misma línea que las convenciones comentadas en el apartado anterior, que los Estados deben contar con procedimientos y mecanismos de cumplimiento de las normas y reglas por parte de los funcionarios públicos. Así, en 1999 se dictó el Decreto 41  por el que se aprobó el Código de Ética de la Función Pública aplicable a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

Posteriormente, pasados 8 años de la sanción del Código, en el año 2007 se creó la primer Unidad de Transparencia en el ámbito de la administración pública en el Ministerio de Defensa de la Nación dependiente directamente de la Unidad Ministro. Ese modelo se replicó en el año 2011 con la creación del área de transparencia en el Ministerio de Seguridad de la Nación y en el año 2012 en la Dirección General de Fabricaciones Militares. Con posterioridad avanzaron en el mismo sentido la Dirección de Vialidad, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por la Decisión Administrativa Nro. 797/2019, en la actualidad todos los organismos de la Administración Pública Nacional cuentan con un enlace de integridad con la Oficina Anticorrupción y se han dictado Códigos de Ética o de Conducta en AFIP, en el Banco Central de la República Argentina, en la Dirección Nacional de Vialidad, entre otros organismos.

A modo de síntesis

En el presente trabajo hemos abordado solamente lo que respecta a una pequeña porción de la normativa internacional en materia de crimen organizado y corrupción, pero que sin embargo deja entrever la correlación entre estos dos fenómenos y que permite -más que dejar conclusiones- plantear interrogantes.

Las convenciones internacionales comentadas han mencionado la necesidad de la elaboración e implementación de códigos de conducta en el ámbito público, entendiendo que la corrupción no es un hecho aislado, en el que empleados y funcionarios infieles se comportan en forma deshonesta y cometen alguna de las conductas tipificadas en nuestro Código Penal u otra irregularidad administrativa, o una situación de conflictos de intereses, o incompatibilidad en el ámbito de la función pública, sino una forma de vulnerabilidad que los grupos delictivos y organizaciones criminales utilizan para penetrar las estructuras del Estado y expandirse en las distintas jurisdicciones.

Un Código de Conducta en el marco del sector público es una herramienta eficaz para concientizar a los empleados públicos y generar confianza a la población. Cabe preguntarse qué medidas adicionales es posible plantear para ir un paso más adelante y utilizar esta herramienta para prevenir la actuación de organizaciones criminales (4).

A los efectos de conocer experiencias en otras jurisdicciones, se realizó un relevamiento y se han analizado diferentes Códigos de Ética y de Conducta en el sector público, vigentes en países como Chile, Colombia y Méjico, en los cuales no se hace mención alguna a organizaciones criminales y/o a maniobras que éstas podrían utilizar para obtener una ventaja legal, económica o de otra naturaleza.

Por otro lado, al analizar algunos Códigos de Ética y de Conducta de empresas privadas, se observó que en ese ámbito se está dando lugar a la prevención del avance de las organizaciones criminales en los mercados y se hace referencia a la abstención de relacionarse, incluso en forma indirecta, con personas o entidades de las cuales se tenga certeza o solo sospecha de que forman parte de organizaciones criminales, como es el caso de Telespazio Argentina S.A., Yamaha Motor Argentina S.A. y de Komatsu Ltd.

En el ámbito público la importancia de avanzar en esta línea está dada porque esas organizaciones se interrelacionan necesariamente con los mercados lícitos y requieren del Estado para lograr acrecentar o mantener su poder, no sólo a través de las contrataciones públicas, sino que requieren de habilitaciones y permisos, financiamiento, constitución de personas jurídicas, entre muchas otras acciones. Esas acciones sólo se pueden llevar adelante mediante la intervención de una repartición estatal, razón por la cual la incorporación de esta perspectiva en los códigos de conducta sería una estrategia más a implementar con miras a detectar la intervención de esas organizaciones y por lo tanto prevenir su avance, teniendo siempre presente que los Códigos de Conducta o de Ética por sí solos no son una solución al problema, sino que deben formar parte de un plan de integridad.

1. La Convención entró en vigencia en 1990 cuando España depositó el instrumento de ratificación número 20 y fue ratificada por nuestro país por Ley N° 24.072 sancionada en marzo de 1992.
2. Fue firmada en Mérida, Méjico, en el año 2003 se logró contar con la ratificación de los 40 países requeridos, siendo aprobada por nuestro país con anterioridad a su entrada en vigencia mediante Ley 25.632 del año 2002.
3. La Convención entró en vigencia el 14 de diciembre del año 2005 cuando se recibió la ratificación número 30 y fue aprobada por nuestro país por Ley N.º 26.097 del año 2006.
4. Por ejemplo, en nuestro país podemos mencionar el caso de contrabando de efedrina en el que estuvieron involucrados personal policial y funcionarios públicos de diferentes dependencias. Se puede leer sobre el caso en un análisis muy minucioso sobre el contrabando de esa sustancia, su transferencia para la elaboración de drogas ilegales, sus relaciones con redes de narcotráficos y las diferentes consecuencias indirectas que se fueron produciendo, en http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari122-2019-estado-y-crimen-mercado-ilegal-efedrina-en-argentina-2003-2018 .

Este artículo ha sido publicado con anterioridad en otro medio, al cual se puede acceder mediante el siguiente link: https://www.womenincompliance.com.ar/post/codigos-de-etica-como-herramienta-anticorrupcion-en-el-sector-publico

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DRA. ALEJANDRA FREIRE

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