Por Florencia Luz Márquez Bonino.
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El impacto de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y el Régimen de Iniciativa Privada. Necesidad de los Programas de Integridad.
Introducción.
La Ley 27.401 ha marcado un hito significativo en la normativa argentina al establecer un marco de responsabilidad penal para las personas jurídicas por ciertos delitos de carácter penal. Este avance, que permite sancionar penalmente a los entes ideales, se inserta en un sistema cerrado o de catálogo de delitos, aplicable exclusivamente a aquellos ilícitos expresamente previstos por la norma, como el cohecho, el tráfico de influencias, las negociaciones incompatibles con la función pública, la concusión, el enriquecimiento ilícito y la presentación de balances e informes falsos agravados.
El surgimiento de esta ley responde, en gran medida, a la necesidad de adecuarse a los estándares internacionales establecidos por la OCDE desde 1997, especialmente en lo referente a la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. En este sentido, la normativa representa un compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de la integridad empresarial, consolidando la responsabilidad penal de los entes ideales como una herramienta eficaz para combatir la corrupción tanto a nivel nacional como transnacional.
La Importancia de los Programas de Integridad.
Uno de los aspectos más destacados de la Ley 27.401 es la promoción de los Programas de Integridad como un instrumento clave para prevenir, detectar y corregir actos ilícitos dentro de las organizaciones. Un Programa de Integridad se define como un conjunto de medidas, políticas y procedimientos internos que buscan garantizar un adecuado control y supervisión de las actividades empresariales, alineándose a los riesgos inherentes a cada organización.
El cumplimiento de los requisitos mínimos de estos programas es esencial para asegurar la responsabilidad corporativa. Estos requisitos incluyen:
- Código de ética y políticas de integridad: Directrices que orienten a todos los miembros de la organización en la prevención de delitos.
- Reglas específicas para evitar irregularidades: Procedimientos destinados a prevenir ilícitos en licitaciones, contrataciones y ejecución de contratos con el sector público.
- Capacitación periódica: Actividades formativas para fortalecer el conocimiento y la aplicación del programa en todos los niveles de la organización.
Adicionalmente, elementos potestativos como el análisis periódico de riesgos, la creación de canales de denuncia y sistemas de investigación interna refuerzan la eficacia del programa, consolidándolo como una herramienta indispensable para la gestión empresarial.
El Régimen de Iniciativa Privada y el Programa de Integridad.
El Régimen de Iniciativa Privada, regulado por el Decreto Nº 713/24, establece que los proyectos presentados bajo este marco deben contar con un Programa de Integridad. Esto es especialmente relevante en contrataciones que involucren obras públicas o servicios esenciales, donde los riesgos de corrupción son elevados.
En este contexto, la Ley 27.401 estipula que las organizaciones deben implementar programas que cumplan con los estándares exigidos, siendo esta una condición para la contratación con el Estado nacional en proyectos de gran envergadura. Este requisito asegura no solo la transparencia en las contrataciones, sino también la mitigación de riesgos legales y reputacionales asociados a posibles ilícitos.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)
El RIGI busca fomentar inversiones de alto impacto económico y social en Argentina, promoviendo la estabilidad y la seguridad jurídica para los inversores. Aunque el Decreto 666/2024 no exige explícitamente la implementación de un Programa de Integridad, la magnitud de las inversiones y los riesgos asociados hacen de esta herramienta un componente indispensable.
Un Programa de Integridad efectivo no solo facilita el cumplimiento normativo, sino que también actúa como un elemento diferenciador en la evaluación de la transparencia y la sostenibilidad de los proyectos. Además, su implementación refuerza la confianza en las inversiones y contribuye a prevenir conflictos de interés y actos de corrupción.
Conclusión
La Ley 27.401 y los Programas de Integridad representan un paso trascendental en el fortalecimiento de la transparencia y la responsabilidad corporativa en Argentina. En el marco del Régimen de Iniciativa Privada y el RIGI, la implementación de estas medidas se convierte en un pilar fundamental para garantizar la confianza pública y privada en las actividades empresariales, promoviendo un entorno de inversión sólido, ético y sostenible.
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